- Exitoso paro regional, en apoyo a los pueblos amazónicos
- Indígenas modernos
- Sube cifra de muertos tras enfrentamientos en Perú
Masacre en el Amazonia: la guerra por los bienes comunes
por Rául Zibechi
La masacre perpetrada el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, contra indios amazónicos por el gobierno de Alan García, es el último capítulo de una larga guerra por la apropiación de los bienes comunes, apoyada en la firma del TLC entre Perú y los Estados Unidos.A las seis de la mañana del viernes 5 de junio despegaron tres helicópteros MI-17 de la base de la Policía Nacional en El Milagro, sobrevolaron la Curva del Diablo –parte de la carretera que une la selva con la costa norte- que estaba ocupada desde hacía diez días por unos cinco mil awajún y wampis (antes llamados jíbaros). Lanzaron gases lacrimógenos sobre la multitud (aunque otras versiones dicen que además dispararon metralletas) mientras de forma simultánea un grupo de agentes arremetió en tierra contra el bloqueo disparando sus fusiles AKM. Allí se habrían producido un centenar de heridos de bala y entre 20 y 25 muertos.
La población de la cercana ciudad de Bagua, unos mil kilómetros al noreste de Lima, cerca de la frontera con Ecuador, salió a las calles en apoyo de los indígenas, incendiando instituciones estatales y locales del oficialista partido aprista (APRA). Varios policías fueron atacados y muertos en venganza, mientras otros indígenas eran muertos por la policía. A la vez, fueron tomados como rehenes un grupo de 38 policías que custodiaban una estación petrolera en la Amazonia, algunos de los cuales habrían sido muertos por sus captores, mientras unos mil inidos amenazaban con incendiar la estación número 6 del oleoducto norperuano.
Las versiones son contradictorias. El gobierno aseguró, tres días después de los hechos, que hay once indígenas y 23 policías muertos. Las organizaciones indígenas señalan que los muertos en sus filas llegarían a 50 y habría hasta 400 desaparecidos. Según testigos los militares incineraron cadáveres y los arrojaron al río para ocultar la masacre, a la vez que tomaron prisioneros heridos en los hopitales. En todo caso, lo seguro es que el gobierno envió fuerza armada para desalojar una protesta pacífica que llevaba 57 días focalizada en las regiones selváticas de cinco departamentos: Amazonas, Cusco, Loreto, San Martín y Ucayali.
El día 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, condenó los hechos de violencia, recordó al Estado peruano su obligación de esclarecer los hechos y de reparar sus consecuencias y llamó a las partes a promover un proceso de diálogo[1]. El día 9 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció “haber registrado una serie de irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos” en la zona de Bagua. Destacó la negativa del gobierno a informar qué personal policial está encargado de la investigación de los hechos, su preocupación por la situación de 25 detenidos en el cuartel de El Milagro y los 99 detenidos desde que se implantó el toque de queda en Bagua.
El presidente García acusó a los indios de “terroristas” y habló de una “conspiración internacional”, en la que según sus ministros estarían involucrados Bolivia y Venezuela, ya que como países productores de gas y petróleo buscarían evitar que Perú explote esos recursos y se convierta en competidor[3]. Hace pocas semanas Perú otorgó asilo al dirigente antichavista venezolano Manuel Rosales, acusado de corrupción, y a tres ex ministros bolivianos del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada procesados por la muerte de cerca de setenta personas durante la “guera del gas” en octubre de 2003.
Sin embargo, el martes 9 se produjo la renuncia de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, en discrepancia con la forma como el gobierno ha manejado la situación. Según el primer ministro Yehude Simon, la renuncia se debió a su discrepancia con un spot publicitario emitido por el gobierno en el cual, con el fondo de fotos de los policías muertos y de indígenas portando lanzas y flechas, se presenta a los nativos como “salvajes”, “asesinos feroces” y “extremistas” que siguen “consignas internacionales” para “detener el desarrollo del Perú” e impedir que el país “disfrute de su petróleo”. El anuncio asegura que no hubo represión sino “un asesinato salvaje de policías humildes”.
El dirigente de AIDESEP (Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Pereuana), que reúne a 300 mil indígenas y 1.350 comunidades, Alberto Pizango, fue considerado como “delincuente” por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y se pidió su captura, por lo que pidió refugio en la embajada de Nicaragua en Lima. La bancada parlamentaria oficialista, acusó a la izquierda, al dirigente del Partido Nacionalista del Perú, Ollanta Humala, y a los medios de comunicación amazónicos de “haber azuzado actos de violencia para que los nativos ataquen a la policía” y amenazó con una demanda por terrorismo.
El conflicto había comenzado el 9 de abril con la movilización de los pueblos amazónicos y la toma de carreteras y ductos de gas y petróleo, contra la implementación de una batería de decretos en el marco de la implementación del TLC. Pero la situación se agravó el jueves 4, cuando el APRA impidió al Congreso debatir la derogación de algunas leyes cuestionadas por los indígenas, que ya contaban con un dictamen de la Comisión de Constitución por considerarlas inconstitucionales.
El perro del hortelano
El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo de 2004 bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005). El tratado estaba destinado a sustituir la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, firmada en 2002 y vigente hasta diciembre de 2006. El TLC elimina obstáculos al intercambio comercial y además facilita el acceso a bienes y servicio y los flujos de inversiones, pero incluye como se sabe una amplia gama de temas vinculados a la propiedad intelectual, contrataciones públicas y de servicios, y solución de controversias.
El TLC fue suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, siendo presidentes Alan García y George W. Bush. En junio de 2006 fue ratificado por Perú y en diciembre de 2007 por el Congreso de los Estados Unidos. El 1 de febrero de 2009 entró en vigor luego de que Bush y García lo firmaran el 16 de enero de ese año.
La firma del TLC provocó grandes movilizaciones en 2005, sobre todo por parte de campesinos que se mostraron como el sector más perjudicado por la eliminación de aranceles y protecciones comerciales. Aunque el gobierno aseguró que daría compensaciones a los productores, éstas nunca llegaron. El 18 de febrero de 2008 se produjo la Paralización Nacional Agraria con cortes de rutas en todo el país que se saldaron con cuatro muertos por la represión policial y la imposición del Estado de Emergencia en ocho provincias.
El 28 de octubre de 2007 Alan García publicó un largo artículo en el diario El Comercio, de Lima, bajo el título “El síndrome del perro del hortelano”. Considera la naturaleza como un recurso, y sostiene que negarse a expolotarla es una tontería, pasando por alto cualquier debate sobre la conservación de la Amazonia: “El viejo comunista anticapitalista del siglo XIX se disfrazó de proteccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambientalista”.
En su opinión, los que se oponen a la explotación intesniva de la Amazonia son como el perro del hortelano, que “no come ni deja comer”. “Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura y la producción. Los ríos que bajan a uno y otro lado de la cordillera son una fortuna que se va al mar sin producir energía eléctrica”, dice en su artículo.
“El primer recurso es la Amazonia”, asegura. Son 63 millones de hectáreas que propone parcelar en grandes propiedades de “5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas, pues en menos terreno no hay inversión formal de largo plazo y de alta tecnología”.
Sobre la tierra, apunta que no se debe “entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir”, y que “esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología”. Poco le importa que esas tierras sean propiedad colectiva de las comunidades, ya que en su opinión son apenas “tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente”.
El TLC y los Decretos Legislativos
En base a esa lógica de convertir todo en mercancía, el gobierno pidió al Congreso facultades para legislar los temas relativos a la implementación del TLC a través de Decretos Legislativos (DL). El 19 de diciembre de 2007, el Congreso le otorga plenas facultades al gobierno para legislar durante seis meses por decreto materias vinculadas al TLC, a través de la Ley 29157. Amparado en esas potestades, elabora 99 DL que están en la base de la polémica actual.
Un informe jurídico independiente difundido por OXFAM América, concluye que el Poder Ejecutivo aprovechó las atribuciones cedidas temporalmente por el Parlamento “para expedir un amplio número de normas con ninguna o muy escasa vinculación efectiva con el TLC, distorsionando y desnaturalizando así los términos de la delegación aprobada por el Congreso”.
En consecuencia, el informe establece que “tales decretos pueden ser calificados de inconstitucionales por razones de forma”, cuestión que “ameritaría su derogación” por parte del Congreso o del Tribunal Constitucional. Además, señala que a través de los 99 DL “se ha buscado realizar una reforma sustantiva del marco organizativo y competencial de diversas entidades del Estado, así como del régimen regulatorio aplicable a actividades económicas de especial relevancia”, sin relación estricta con el TLC.
Los más controvertidos son los DL 1015 y 1073, declarados inconstitucionales por el informe de OXFAM, por modificar el número de votos requeridos para vender las tierras comunales (sólo tres votos podían enajenar la tierra de la comunidad). El 1015 fue derogado por el Congreso en agosto de 2008. El DL 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario), deja sin efecto el requisito de acuerdo previo para emprender proyectos y se lo considera también inconstitucional.
El DL 1083 (Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos) favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras. Además los DL 1081, 1079 y 1020 liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos. Pero ha sido el DL 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) uno de los ejes de la polémica. Deja fuera del régimen forestal 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida la biodiversidad de flora y fauna, con lo que podrían ser vendidos a empresas transnacionales.
El 9 de abril las 1.350 comunidades que integran AIDESEP acuerdan iniciar movilizaciones al interior de sus comunidades. El primer ministro Yehude Simón, ex aliado del grupo armado MRTA (Movimietno Revolucionario Tupac Amaru), califica el 18 de abril las demandas indígenas de “caprichos”. El 5 de mayo los obispos de ocho vicariatos católicos exigen al presidente Alan García derogar los DL porque los consideran una “amenaza para la Amazonia”. El 10 de mayo el gobierno decreta el Estado de Emergencia en cinco regiones del país donde se producen cortes de rutas y paralización de puertos y oleoductos.
El 19 de mayo, la Comisión de Constitución del Parlamento declara el DL 1090 como inconstitucional. El informe elevado por la Comisión, establece en sus conclusiones que el decreto “no respeta las limitaciones que establecen los artículos 101 y 104 de la Constitución Política, en cuanto a las materias prohibidas de ser legisladas”. Además señala que “contraviene el artículo 66 de la Constitución, al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a la ley orgánica”.
En suma, los legisladores acordaron que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar por decreto en ciertas materias, según lo estipula la Constitución, tarea que recae exclusivamente en el Congreso. La decisión de la comisión debería ser debatida por el pleno del Congreso, pero el 22 de mayo la ministra de Justicia Rosario Fernández, denuncia a Alberto Pizango, dirigente de AIDESEP, por sedición y conspiración. El 26 de mayo awajún y wampis toman la carretera Belaúnde Terry en la Curva del Diablo y unos 1.200 indios vigilan la Estación 6.
El 26 de mayo se produce una masiva movilización en Lima en apoyo a la lucha amazónica. El 28 de mayo comuneros de la selva de Cusco toman una segunda válvula del gasoducto de Kamisea. El 1 de junio industriales y exportadores exigen al gobierno “aplicar la ley” para liberar carreteras y ductos en la Amazonia. El 2 de junio la presidenta del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas pide algobierno peruano “suspender inmediatamente el estado de sitio en contra de las comunidades y organizaciones indígenas” y “evitar cualquier acción que, como la intervención militar, que podría aumentar el conflicto”.
El 4 de junio en el Parlamento la mayoría aprista decide suspender el debate sobre la inconstitucionalidad del DL 1090. La Defensoría del Pueblo presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el DL 1064. El 5 de junio, 639 agentes de la Dirección de Operativos Especiales y personal de las fuerzas armadas atacan a los indígenas en la Curva del Diablo con decenas de muertos, cientos de heridos y desaparecidos.
La masacre de los penales
El 18 de julio de 1986, a las seis de la mañana, los presos políticos pertenecientes a Sendero Luminoso en las cárceles de San Juan de Lurigancho y El Frontón, y el penal de mujeres Santa Mónica, en Lima y Callao, se amotinaron de forma coordinada. Los hechos sucedieron de forma simultánea a la realización de un congreso de la Internacional Socialista en Lima, en el que participaba el Partido Aprista Peruano encabezado por el entonces presidente Alan García.
Los presos elevaron un pliego de 26 demandas vinculadas a la mejora de las condiciones de reclusión. Una reunión del Consejo de Ministros encargó a las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina la recuperación de los penales. El primero fue la cárcel de mujeres a cargo de la Guardia Republicana, que demolió una pared, lanzó gases paralizantes y liberó a los rehenes con un saldo de dos presas muertas.
A medianoche se inició el ataque a la cárcel-isla de El Frontón por parte de la Infantería de Marina. El director del penal, el juez y el fiscal protestaron por la presencia de marinos a quienes negaron autorización para ingresar al edificio. En el asalto murieron tres miembros de las fuerzas armadas, un rehén y 135 presos, sobreviviendo apenas 34. En Lurigancho actuó la gendarmería y el Ejército con un saldo de 124 senderistas muertos y ningún uniformado.
El escándalo nacional e internacional fue enorme. Americas Watch aseguró que fue “el más devastador atentado contra los derechos humanos en el Perú en décadas”, ya que “se mató a sangre fría a gran cantidad de prisioneros después de haberse rendido”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos y una comisión parlamentaria encontró suficientes pruebas para determinar la responsabilidad política del presidente. Sin embargo, Alan García otorgó impunidad a los autores de la masacre. El vicealmirante Luis Giampietri Rojas, jefe del operativo de la Marina en El Frontón, es el actual vicepresidente del segundo gobierno de Alan García.
Un documento publicado por la iglesia católica el mismo 19 de junio, titulado “Masacre de los penales de Lima”, hace un breve y estremedor relato de esos hechos: “En Santa Bárbara –cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Los rehenes son liberados. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos son fusilados después de rendirse. En El Frontón, la operación se encomienda a la Marina que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco a la prensa”.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación sostuvo que la matanza fue un punto de inflexión en la política antiterrorista, ya que hasta ese momento Alan García había mostrado interés en frenar las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, pero partir de ese momento alentó la represión.
* * *
Con semejantes antecedentes, cabe esperar una agudización de la represión por parte del gobierno peruano. La protesta amazónica no ha bajado en intesidad luego de la masacre: la casi totalidad de los 56 pueblos indígenas amazónicos reafirmaron que continuarán con los bloqueos hasta que el gobierno retire los Decretos Legislativos que violan el Convenio 169 de la OIT y los derechos sobre sus territorios. Según todos los testimonios, la situación es explosiva.
En un intento tardío por descomprimir la situación, el día 10 el Congreso con los votos del APRA y los fujimoristas, aprobó la suspensión de dos de los nueve Decretos Legislativos más cuestionados por los indígenas. Los DL 1090 y 1064 quedaron suspendidas indefinidamente. La decisión puede ser apenas una maniobra dilatoria o bien abrir espacios para una negociación. Sin embargo, tanto la huelga amazónica como las marchas en las principales ciudades del país fueron confirmadas luego de conocerse el paso atrás dado por el gobierno.
Hugo Blanco, legendario luchador social peruano y editor del mensuario Lucha Indígena, esboza en su editorial un mirada de largo aliento: “Luego de 500 años de silenciamiento, los amazónicos reciben el respaldo de los pueblos del Perú y del mundo. Puede ser que el mayor logro de estas jornadas sea el visibilizar esas nacionalidades, tejiendo lazos entre los diversos sectores del país, tan divididos por quienes nos dominan. Al defender la Amazonia están defendiendo la vida de toda la humanidad; y al no ceder ante los engaños del gobierno, están re-escribiendo la historia, recuperando para todos el sentido de la palabra dignidad”.
Fuente : Lavaca
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Exitoso paro regional, en apoyo a los pueblos amazónicos
por Alberto Quintanilla Chacón
1.- El Perú entero fue sacudido por los luctuosos sucesos del 5 de junio en la provincia de Bagua, a orillas del río Utcubamba en la Región de Amazonas, donde se produjeron enfrentamientos entre los nativos amazónicos que tenían tomada la Carretera Fernando Belaunde Terry, desde varios días atrás, y efectivos de la Policía Nacional del Perú, con el lamentable resultado de 24 policías y 9 nativos muertos, según datos que oficialmente reconoce el Gobierno Nacional y que los dirigentes de los pueblos nativos afirman que son mucho más los nativos muertos. Desde el 20 de abril, hace más de 55 días los pueblos amazónicos, encabezados entre otros por Alberto Pizango, organizados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), están en huelga indefinida, exigiendo que el Gobierno aprista, encabezado por Alan García Pérez, deroguen una serie de decretos legislativos, (994, 1015, 1020, 1064, 1073, 1081, 1083, 1089, 1090), que atentan los derechos que tienen los nativos que viven en la Amazonía peruana.
Estos decretos legislativos, fueron promulgados por el Poder Ejecutivo, entre los meses de mayo y junio del 2008, dentro de un paquete de 99, que al amparo de la delegación de facultades legislativos, que el Congreso de la República, le otorgara mediante la ley 29157, del 20 de diciembre del 2007, para que legislara durante 180 días, para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos.
Los pueblos amazónicos, a través de AIDESEP, cuestionaron desde un inicio a varios Decretos Legislativos, porque violaban los derechos que tienen los pueblos originarios, respecto a los territorios que habitan desde tiempos ancestrales y que están amparados por la Constitución Política, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros instrumentos legales nacionales e internacionales.
En el país y en el extranjero, varias instituciones, sectores políticos, organismos no gubernamentales, cuestionaron estos decretos legislativos, sin embargo ni el Congreso de la República, ni el Consejo de Ministros, ni el Tribunal Constitucional, ni el Poder Judicial, se dieron la molestia de derogarlos, o resolver las demandas de los pueblos amazónicos.
La huelga que se inicio el 20 de abril, fue anunciada con mucha anterioridad, sin embargo desde el gobierno, no les dieron la atención que la importancia de la misma merecía, dejaron pasar los meses, cuando una comisión del Congreso opinó que el Decreto Legislativo 1090, era inconstitucional, Mauricio Mulder, congresista aprista, recurrió a la burda maniobra de postergar su debate y votación, con el argumento risible de que los congresistas del Partido Nacionalista, habían concurrido tarde a la sesión del Congreso, lo que irritó a los pueblos amazónicos.
El viernes 5 de junio, el Gobierno Nacional, intento reabrir el tránsito en la Carretera Fernando Belaunde, que estaba tomada por los huelguistas desde hacia varios días, produciéndose graves enfrentamientos con el saldo oficial de 33 muertos, 24 efectivos de la Policía Nacional y 9 nativos de la etnia Awajún-wampis, perteneciente a la familia etnolinguística Jíbaro Jíbaro, muchos de sus miembros participaron defendiendo al Perú, en la guerra del Cenepa con el Ecuador.
El Perú entero, lamenta profundamente la muerte de decenas de peruanos, nativos amazónicos y miembros de la Policía Nacional, en los sucesos de Utcubamba y Bagua, y se solidariza con sus familias, por estas absurdas muertes.
2.- El origen de este problema es la forma dictatorial con la que el Gobierno aprista, pretende imponer un régimen de explotación de las tierras de nuestra amazonia, pretendiendo que los nativos amazónicos sean arrinconados en unas 12 millones de hectáreas, en una especie de reserva territorial humana, para que en el resto, en más de 60 millones de hectáreas, se las entreguen en concesión, adjudicación u otras modalidades empresariales, para la explotación de las tierras, flora y fauna.El estado peruano, que es firmante del Convenio 169 de la OIT, esta obligado a consultar a las comunidades nativas cualquier cambio en la forma de explotación de las tierras dentro de los territorios, en que viven ancestral mente oblaciones originarias, en este caso no lo hizo.
El haber promulgado estos Decretos Legislativos, como parte de la delegación de facultades legislativas que el Congreso de la República, le otorgo al Poder Ejecutivo, es ilegal ya que no estaban dentro de los alcances de la implementación del TLC con los Estados Unidos, por el contrario este país, se había manifestado por la protección del medio ambiente, y la explotación de la amazonia, dentro de la concepción liberal del pensamiento de Alan García Pérez, expresada en sus artículos del "Perro del Hortelano", atenta contra la preservación del medio ambiente, y lesiona la cosmovisión de los nativos, ya que atenta contra su ancestral relación con la tierra, su diosa Pachamama.
El cuestionamiento que hacen los nativos a estos Decretos Legislativos, se conoce desde hace ya casi un año, por ello hay que condenar la indolencia con la que han actuado desde el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, han esperado que el conflicto se agudice para recién actuar.
Particularmente son condenables las maniobras a que han recurrido desde hace un año, en el Congreso de la República, la bancada aprista y sus aliados, para no resolver estas demandas, como la risible maniobra de la bancada aprista, con Mauricio Mulder a la cabeza de no debatir la derogatoria del Decreto Legislativo, propuesto por una Comisión del Congreso y de la Defensoría del Pueblo, bajo el argumento de los congresistas nacionalistas llegaron tarde a una sesión del Congreso.
Es igualmente cuestionable la maniobra de la alianza parlamentaria entre el APRA, el fujimorismo y Unidad Nacional, que en un acto considerado por los nativos una burla a sus demandas, el haber suspendido en forma indefinida la vigencia de los Decretos Legislativos 1064 y 1090, y no haberlos derogado, para dar paso a un diálogo nacional al respecto, lo es también la prepotencia de haber acordado el mismo jueves 11 de junio la suspensión por 120 días de 7 congresistas del Partido Nacionalista, con lo que agudizan el problema.
El hecho de que Alberto Pizango, haya solicitado y se le haya concedido asilo diplomático en la Embajada de Nicaragua, es parte de la institucionalidad política y constitucional de nuestros países latinoamericanos, hacen muy mal Jorge del Castillo, Mercedes del Castillo y cualquier otro dirigente aprista que pretenda cuestionarlo o tildarlo de cobarde, olvidando que el mismo Alan García y también en su momento Víctor Raúl Haya de la Torre, se asilaron en la Embajada de Colombia.
3.- Las luchas de los pueblos amazónicos, han recibido el respaldo contundente de la mayoría del pueblo peruano, en la exitosa jornada de lucha del jueves 11 de junio, donde ha paralizado en forma cívica y pacífica la región de Puno, al igual que otras regiones del país, y las movilizaciones multitudinarias en todo el país, en particular en Lima.
Esta crisis, tiene en la soberbia de Alan García, un obstáculo para su superación, que deben empezar por la renuncia de los responsables políticos de estas absurdas muertes, el Gabinete de Yehude Simon Munaro, de ser así ira cobrando más fuerza la demanda de que Gobierno del APRA con Alan García, deje el poder, se adelanten las elecciones y se convoque a una Asamblea Constituyente.
Fuente : Los Andes
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Indígenas modernos
por Mirko Lauer
La última vez que el país se fijó en ellos, los pueblos amazónicos en conjunto eran vistos como reliquias étnicas necesitadas de protección y conservación. Las crisis en torno a Bagua hoy los muestra integrando una red de organizaciones notablemente modernas y sintonizadas con los usos y costumbres de la globalización. Bastante más modernos que el petróleo.
Una noción clave para entender qué está sucediendo con los pueblos autóctonos en el mundo entero es la de autonomía, un concepto más o menos sinónimo de no ser avasallado, o incluso desaparecido por la nación dominante en el vecindario. Un cálculo conservador es que unas 200 etnias han desaparecido en la Amazonía, unas 30 de ellas en el Perú.
No debemos confundir autonomía con independencia: los pueblos autóctonos no quieren formar países nuevos, sino un mejor lugar dentro de los países que ocupan. El discurso sobre la expulsión del blanco y una vuelta a tiempos precolombinos existe, pero es definitivamente marginal. La agenda de esta hora es más bien por derechos y respeto.
Los pueblos indígenas mantienen fuertes lazos entre ellos en el espacio panamericano. Sin embargo su peso y su perspectiva varían de país a país. Las tribus de EEUU y Canadá comparten el estado de derecho de esas sociedades. Las tribus de zonas convulsionadas corren la suerte de esos escenarios. Las tribus grandes suelen pasarla mucho mejor que las chicas.
Pero también estos pueblos (como el capital) han venido avanzando hacia una convergencia organizativa que cruza las fronteras nacionales. Un caso arquetípico es la COICA, fundada en 1984 para defender pueblos de la cuenca amazónica entera. La Declaración de derechos de los pueblos indígenas de la ONU, del 2007, da cuenta del avance en el espacio internacional.
En el Perú los indígenas amazónicos han tenido más organización que influencia política real. En la vida cotidiana son pocos y dispersos. El vecino mundo andino ha tendido a actuar más bien por fuera de la etnopolítica. La propia coordinación amazónica ha sido más para defenderse que para proponerse como parte del sistema político nacional.
¿Qué es lo nuevo? Ahora los amazónicos han demostrado que pueden movilizarse juntos, están generando una corriente mundial de apoyo entre organizaciones similares (bastante más influyente que las embajadas peruanas), los intereses de la globalización y la posibilidad de jaquear ciudades amazónicas son el tipo de palancas para negociar que no tenían antes.
El error de estos últimos tiempos ha consistido en considerar a los grupos amazónicos un cuerpo extraño en la nacionalidad. Esto vale tanto para el gobierno que en lo fundamental no los respetó, como para la oposición que avasalló a los dirigentes nativos y los usó como masa de maniobra para sus propios fines.
Fuente : La República
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Sube cifra de muertos tras enfrentamientos en Perú
Lima | Agencias
Activistas pro derechos humanos participan en la marcha contra la violencia en la amazonía peruana, el jueves. - Efe | Agencia
Merino dijo que un civil murió recientemente en un hospital de la ciudad de Bagua, con lo cual la cifra de fallecidos en los incidentes del 5 de junio subió a 33, de los cuales 23 son policías, mientras que sigue desaparecido un agente.
"El Perú tiene que lamentar hoy día (por ayer) el fallecimiento de 33 peruanos en un conflicto, y más de 200 —240, más o menos— heridos, de los cuales la mitad son heridos de bala en el caso de los nativos", manifestó Merino.
De los 23 policías fallecidos, siete fueron asesinados con lanzas, y otros 10 fueron secuestrados y ultimados cerca de una estación de bombeo de petróleo. Diez civiles también han muerto, cinco de ellos nativos.
Según una relación de la Defensoría, los agentes heridos suman 31.
El presidente de Perú, Alan García, declaró ayer que el "comunismo internacional" pretender crear caos en el Perú.
García afirmó que hubo un "genocidio de policías" por parte de "extremistas" que quieren entregar el país a "modelos extranjeros", al atacar a la policía en una acción que buscaba desbloquear una carretera en la región Amazonas y a una patrulla que brindaba protección en una estación petrolera de esa zona.
"Policías muertos es realmente un crimen inaceptable por el cual todos debemos protestar", agregó sobre el saldo que dejó el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los indígenas de la amazonia peruana.
La joven actriz Qorianka Kilcher, quien dio vida a Pocahontas en la cinta "The New World", dijo en Perú que "el dinero no se puede ni comer, ni tomar, ni respirar porque existen cosas que no tienen precio", en apoyo a indígenas que protestan por decretos que podrían permitir la explotación de petróleo y gas en sus territorios ancestrales.
"He escuchado que (el presidente) Alan García ha declarado públicamente que mis hermanos de la amazonia no son ciudadanos de primera clase. Todos los peruanos son de primera clase. Escuché que han estado criminalizando a los indígenas que protestan llamándolos terroristas y salvajes", añadió ayer.
Convocan a paro nacional
Un frente de organizaciones sociales peruanas convocó ayer a un paro nacional solidario con la lucha de los indígenas amazónicos, tras la exitosa jornada de marchas y protestas en todo el país llevadas a cabo el jueves.
La paralización se cumplirá el 8 de julio, afirmó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Mario Huamán, en nombre de un bloque de organizaciones sindicales, agrarias y sociales que organiza la demostración.
Huamán destacó que la jornada nacional de multitudinarias marchas y paros regionales ratificó el repudio ciudadano a la política gubernamental ante la crisis amazónica, que la semana pasada registró disturbios con un saldo de 33 muertos, según cifra oficial.
Recordó el sindicalista que las grandes movilizaciones exigieron la anulación de nueve decretos amazónicos ligados al tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos y cuyo rechazo motiva una larga protesta de los indígenas selváticos.
La mayoría parlamentaria formada por el gobernante Partido Aprista y aliados conservadores, bajo la presión de la crisis planteada por las muertes de la semana pasada, suspendió indefinidamente la vigencia de dos de los decretos, para dialogar con los indígenas.
Fuente : Los Tiempos
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